6 de septiembre de 2019

Colombia y Thailandia: un debate sobre política de drogas

Luego de un plan integral de desarrollo agrícola, a finales de los noventa el país asiático salió de la lista de grandes productores de drogas en el mundo ¿Qué lecciones debe aprender Colombia?

En Lo que Colombia puede aprender de Tailandia sobre política de drogas, artículo publicado por la Revista de Economía Institucional en su número 37, la experta estadounidense en delincuencia organizada interna e internacional, Vanda Felbab-Brown, advirtió que el desarrollo rural colombiano enfrentaría más problemas de los que ya tiene si un candidato uribista ganase las elecciones del 2018. Y esos problemas revertirían en grandes barreras para contrarrestar “la dramática expansión del cultivo de coca”. La situación actual parece darle la razón.

A partir de la experiencia de Tailandia, en donde se erradicó el cultivo de amapola, la autora sugiere que en Colombia la secuencia planteada en la política de drogas es errada y, por tal razón, no se pueden esperar logros significativos. En Tailandia, también afectada por el conflicto interno, les tomó 30 años la erradicación definitiva, con una política que adoptó como eje la producción de medios de subsistencia alternativos antes de la erradicación voluntaria, mientras que en Colombia se impone la secuencia contraria.

Según la autora, la sustitución es un “enfoque simplista” pues no resuelve los problemas de fondo de la población campesina vinculada al “cultivo de drogas”.

Si hay algo simplista es creer que en efecto se cultivan drogas. No son los cultivos de arbusto de coca o de amapola lo ilícito. Lo ilícito es el uso que se le dan a los alcaloides que de allí se extraen. Por tanto, la sustitución de cultivos es, cuando menos, ineficaz y, por el contrario, es la sustitución de usos en lo que hay que insistir.

Las reglas impuestas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y las contenidas en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en 1988, han producido desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento del dolor y las enfermedades, y no han logrado contener el crecimiento de los toxicómanos en todo el planeta. Cuando se actualicen esas instituciones en favor de la prioridad a la salud y el consecuente uso médico y científico de los alcaloides, a Colombia le tomará a lo sumo tres años sustraerlos de los mercados de uso ilícito.

Para leer el artículo completo haga clic aquí

*Reseña por Óscar Alfonso